Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá tomará una decisión clave en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. La Sala Penal determinará qué pruebas documentales, testimoniales y técnicas serán admitidas en el proceso, incluyendo las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018.
La defensa de Uribe ha solicitado la exclusión de 28 interceptaciones telefónicas, argumentando que fueron obtenidas de manera irregular y vulneran derechos fundamentales. Según el abogado Jaime Granados, estas grabaciones se realizaron por error, ya que la investigación inicial estaba dirigida contra el excongresista Nilton Córdoba, pero el número de Uribe fue interceptado accidentalmente.
A pesar de que un analista del CTI alertó a sus superiores sobre el error, las grabaciones continuaron y fueron determinantes para que, en agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenara una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exmandatario.
Granados sostiene que estas interceptaciones no solo fueron ilegales, sino que también vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente, ya que en ellas se escucha a Uribe conversando con su abogado Diego Cadena, quien también es procesado en este caso.
El procurador delegado Bladimir Cuello ha respaldado la postura de la defensa, cuestionando la validez de estas pruebas en el juicio.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado la preclusión del proceso argumentando falta de pruebas suficientes para continuar con la acusación.