El debut político de Alberto Mario Gutiérrez Uribe terminó siendo un desastre jurídico y ético. En una decisión que desnuda la improvisación con la que algunos llegan al poder, el Tribunal Administrativo del Magdalena anuló su elección como diputado para el periodo 2024-2027, al comprobar que incurrió en doble militancia, una violación flagrante a la ley electoral colombiana. Su investidura fue revocada y su credencial, cancelada.
Gutiérrez Uribe, avalado por la llamada “Coalición Magdalena Grande”, una alianza entre el Partido Demócrata Colombiano, el Centro Democrático y Colombia Justa y Libres, no solo desconoció las reglas básicas de fidelidad partidista, sino que además dejó en evidencia su falta de preparación para asumir un cargo de elección popular.
La sentencia, basada en pruebas sólidas como videos, fotografías y testimonios, comprobó que el entonces candidato participó activamente en campañas de aspirantes ajenos a su colectividad, como Luz Helena Andrade, en ese entonces candidata a la alcaldía de Fundación por el movimiento En Marcha, Héctor Fabio Zuleta Rovira, candidato a la alcaldía de Ciénaga por el movimiento Ven Trabajemos, Carlos Pinedo Cuello candidato a la alcaldía de Santa Marta por Santa Marta Si Puede, entre otros apoyos.
Aunque sus defensores intentaron justificar los hechos con argumentos técnicos sobre la validez del material probatorio, el fallo fue claro: no se trató de un simple descuido, sino de una conducta consciente que rompió con las normas del juego democrático. Su participación en actividades proselitistas de otros partidos no fue circunstancial, fue reiterada y pública. El Tribunal, además, liberó de responsabilidad a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, dejando claro que la única responsabilidad recaía sobre el ahora exdiputado.
El caso de Gutiérrez Uribe no es solo una sanción individual. Es un síntoma de una enfermedad crónica en la política regional: la improvisación. Muchos aspirantes llegan a las corporaciones públicas sin formación, sin criterio y sin respeto por la institucionalidad. Esta vez, el precio fue alto. Perdió su curul antes de siquiera poder tener logros significativos como diputado, manchando su nombre y desdibujando su incipiente carrera política.
Este episodio deja una lección urgente: la política no puede seguir siendo un espacio para la improvisación ni para los que creen que las normas son decorativas. La doble militancia no es un tecnicismo; es una falta grave que atenta contra la coherencia y la transparencia del sistema democrático.
Como si fuera poco, esta misma semana se espera que el Consejo Nacional Electoral le confirme la pérdida de voz y voto dentro del partido, cerrando el círculo de sanciones para un empresario que no entendió que en democracia, las reglas no se negocian.
Con esta decisión, el Tribunal ordenó que la curul vacante sea ocupada por quien legalmente corresponda. Pero el verdadero reto va más allá del reemplazo: ¿seguirá el Magdalena entregando el poder a políticos sin preparación ni compromiso con la ley?


