La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), por presuntamente haber puesto barreras que limitaron la participación de posibles oferentes en varios procesos de contratación. Según la Delegatura para la Protección de la Competencia, las dos compañías habrían repetido este tipo de prácticas de manera sistemática y prolongada, lo que podría significar una violación al artículo 1 de la Ley 155 de 1959.
En el caso de EPM, la SIC encontró que la empresa habría exigido pagos para poder participar en licitaciones, restringido la participación de consorcios o uniones temporales, e impuesto condiciones específicas sobre su conformación y responsabilidad. Estas presuntas irregularidades habrían impactado 24 procesos de contratación entre 2020 y 2023, con un valor conjunto que supera el billón de pesos. Aunque EPM no está sujeta al Estatuto General de Contratación, sí debía seguir principios como la selección objetiva y la libre competencia.
Por su parte, Dispac —una empresa de carácter mixto— también habría implementado restricciones similares. Según la SIC, se habrían exigido pagos por el derecho a participar y se habrían limitado las condiciones para conformar estructuras plurales, lo que habría afectado al menos 23 procesos de contratación entre 2019 y 2023, con una cuantía acumulada superior a los 400 mil millones de pesos. La Delegatura indicó que estas condiciones habrían sido impuestas aprovechando vacíos en la regulación que no les exige seguir el Estatuto de Contratación Pública.
La superintendente Cielo Rusinque señaló que imponer barreras injustificadas frena la libre competencia y perjudica tanto al Estado como a los ciudadanos, ya que se impide la llegada de mejores ofertas. “Esto se traduce en servicios de menor calidad o en precios más altos para los consumidores”, advirtió. Por ahora, las investigaciones siguen en etapa preliminar, pero los hallazgos ya encienden las alarmas sobre cómo se están manejando los recursos públicos en algunas empresas del sector.