Por: Andrés León Cabarcas.
Hace unos días vi una imagen que se repite en varias ciudades del país: personas haciendo fila desde la madrugada frente a una oficina de pasaportes, esperando una cita que tal vez no llegue a tiempo. Algunos viajan por salud, otros por trabajo, muchos por esperanza. No es una exageración. Está pasando en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla. La incertidumbre por el contrato de pasaportes ya se siente en la calle, y lo que debería ser un trámite sencillo se ha convertido en otra muestra de cómo lo administrativo termina afectando vidas reales.
Desde hace meses, Colombia está enredada en un lío jurídico y político alrededor del contrato para expedir pasaportes. Lo que era una licitación aparentemente normal terminó en una tormenta institucional. La Cancillería declaró desierto el proceso, luego intentó adjudicarlo de manera directa, pero la Procuraduría y el Consejo de Estado intervinieron para frenar una contratación que consideraron sin sustento legal. Mientras tanto, el país opera bajo una “prórroga técnica” con la misma empresa que lleva casi dos décadas en el proceso. Y sí, el servicio sigue funcionando hasta ahora, pero con demoras, desconfianza y mucha gente en el limbo.
El Gobierno ha dicho que no piensa firmar un contrato que considera viciado y que quiere abrir el juego a nuevos oferentes. En principio, eso suena justo. ¿Quién no quiere transparencia? Pero la transparencia no se construye con improvisación; se construye con previsión, con tiempos claros y con una cosa que en Colombia parece costarnos mucho: capacidad institucional. No se trata de firmar lo primero que haya, ni de regalar el contrato a dedo. Pero tampoco se puede dejar al país entero atrapado entre las ramas del poder, viendo cómo las decisiones se aplazan mientras las necesidades siguen ahí, intactas.
Porque no estamos hablando de papeles ni de sellos. Estamos hablando de derechos. De colombianos que no saben si podrán viajar a una cirugía, tomar una beca en el exterior o reencontrarse con su familia. Un pasaporte es más que un documento: es libertad de movimiento, es posibilidad de futuro. Y no garantizar eso, por ineficiencia o por cálculo político, es irresponsable.
Este caso, que algunos quieren hacer ver como un simple debate técnico, en realidad dice mucho más. Habla de un Estado que no logra ejecutar sin enredarse. De una institucionalidad que no se coordina. De un país donde cada trámite se vuelve un laberinto. Donde lo esencial se vuelve urgente, y lo urgente se vuelve eterno.
No es solo un pasaporte. Es el síntoma de algo más profundo: de un país que quiere moverse, pero no puede; de un Estado que, en lugar de garantizar, entorpece; y de una ciudadanía cansada de estar siempre esperando a que algo funcione.
La pregunta no es quién se queda con el contrato. La pregunta es: ¿quién se hace cargo de lo que se pierde mientras tanto? Porque, mientras discuten en escritorios, hay gente atrapada en la fila, en la incertidumbre y, sobre todo, en el silencio.
¡Así está la jugada!
Ver esta publicación en Instagram