El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a través de su Dirección Territorial Atlántico, celebró el cumplimiento exitoso de una sentencia judicial que marca un paso concreto hacia la reparación integral de víctimas del conflicto armado en el departamento.
Gracias a un trabajo articulado entre entidades nacionales, departamentales y locales, fue posible dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto del Circuito, que dispuso la restitución del derecho de dominio a los beneficiarios, la división material de los predios y la asignación de nuevas matrículas inmobiliarias, así como la liquidación de la comunidad originalmente registrada en un solo folio.
La ejecución de estas órdenes judiciales fue posible mediante el esfuerzo conjunto del IGAC, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y las alcaldías de Tubará y Baranoa.
Desde el IGAC, se aportó conocimiento técnico y operativo clave mediante el levantamiento cartográfico y el análisis catastral, lo que permitió dar plena claridad jurídica y territorial a cada predio. Durante el proceso, se realizaron ajustes registrales como la apertura de nuevas matrículas y la individualización de los lotes, garantizando que cada folio reflejara con precisión la situación legal de los inmuebles.
Uno de los puntos más complejos fue la ubicación de tres predios en zonas limítrofes entre Tubará y Baranoa. Aunque no hubo afectaciones físicas, sí se identificaron implicaciones fiscales: los propietarios deberán pagar el impuesto predial de forma proporcional al área ubicada en cada municipio (93,35% en Baranoa y 6,75% en Tubará). Aplicando criterios técnicos y legales, el IGAC definió como jurisdicción prevalente la de mayor extensión, lo que permitió conservar la codificación catastral 040.
La Procuraduría General de la Nación fue un actor clave en el proceso, actuando como garante, convocante y veedora, asegurando transparencia, rigor técnico y respeto por los derechos de las víctimas.
“Este caso demuestra que cuando el conocimiento técnico, la voluntad institucional y la justicia social se unen, los resultados llegan. Desde el IGAC reafirmamos nuestro compromiso con una Colombia más justa, equitativa y ordenada territorialmente”, expresó Mitchel Ovalle, director territorial del IGAC Atlántico.