La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves la primera sentencia en el marco del Caso 03, relacionado con los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región Caribe.
Doce exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar, fueron condenados a ocho años de sanciones transicionales y restaurativas, la pena máxima prevista en el Acuerdo Final de Paz. Entre los condenados se encuentran cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, señalados como responsables del asesinato de 135 personas entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Los exuniformados, entre quienes figuran los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez, deberán trabajar en seis proyectos restaurativos construidos con la participación de las víctimas, incluyendo comunidades indígenas y afrocolombianas.
De las 135 víctimas, seis fueron reconocidas como afrodescendientes y 14 como indígenas, entre ellas diez del Pueblo Kankuamo y cuatro del Pueblo Wiwa. Una de las mujeres asesinadas era menor de edad, y otra, madre cabeza de hogar.
La sentencia busca reparar a las víctimas, garantizar la no repetición y reconocer la magnitud de los crímenes.
La JEP estableció que estos hechos respondieron a patrones macrocriminales sistemáticos en los que se evidenció connivencia entre miembros de la fuerza pública y frentes del Bloque Norte de las AUC.
Según el tribunal, las víctimas fueron capturadas, engañadas o retenidas, obligadas a vestir uniformes militares y ejecutadas para ser reportadas como bajas en combate, práctica que buscaba mostrar resultados militares ficticios ante la presión de altos mandos.
Para el magistrado Alejandro Ramelli, esta decisión “es fundamental para avanzar en la construcción de un país mejor” y constituye un llamado a no caer en el “negacionismo histórico” frente a crímenes que quebrantaron los valores democráticos y la confianza en las instituciones.