La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios.
Según el ente acusador, estas actuaciones estuvieron relacionadas con la vinculación laboral de una persona que había demandado la nulidad de la elección del mandatario, a quien se habría persuadido para desistir de sus pretensiones.
De acuerdo con la investigación, en febrero de 2024 se firmó un primer contrato por 19’800.000 pesos que nunca se ejecutó, pero posteriormente se suscribió otro a través de la empresa pública Ecovivienda, esta vez por 54’285.000 pesos.
Los investigadores establecieron que los trámites comenzaron después de la interposición de la demanda de nulidad y finalizaron justo con el retiro de la misma.
Además, se conoció que el alcalde Krasnov habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para forzarlo a celebrar el contrato y expedir un documento que supuestamente lo desligaba de responsabilidades.
Por estos hechos, el mandatario fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo, mientras que a Acevedo Galán y Pedraza Canaría les fueron formulados cargos como cómplice y coautora, respectivamente.
Sin embargo, por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a los tres procesados medidas no privativas de la libertad, por lo que continuarán vinculados a la investigación sin quedar bajo detención.