La decisión del juez 103 ambulante de Valledupar de otorgar detención domiciliaria a Rosa Angélica Tarazona, alias “la Bebecita”, ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial frente al poder de las estructuras criminales.
La mujer es señalada de ser la encargada de las finanzas de los Conquistadores de la Sierra y de coordinar pagos a sicarios y extorsiones, convirtiéndose en una pieza clave dentro del entramado económico de esta organización delictiva que opera en el norte del país.
Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostrarían su papel en el manejo del dinero ilícito y en la coordinación de operaciones criminales, el juez consideró que Tarazona podía afrontar su proceso desde casa.
La medida ha sido calificada por expertos y autoridades como una decisión riesgosa, pues la señalada podría seguir delinquiendo o mantener contacto con otros miembros de la organización.
Comunidades afectadas por las extorsiones y homicidios bajo el mando de los Conquistadores también expresaron su rechazo y temor.
Ante la controversia, la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión, argumentando que se trata de un duro golpe a la lucha contra el crimen organizado.
Según el ente acusador, permitir que una de las principales operadoras financieras del grupo permanezca en libertad es una señal de debilidad institucional que podría favorecer la expansión del poder económico y territorial de los Conquistadores de la Sierra en la región Caribe.