El contratista Emilio Tapia fue nuevamente detenido en Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía, cumpliendo una orden emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá.
El juez había ordenado su recaptura inmediata debido al caso de Centros Poblados, luego de que se revocara su libertad condicional el pasado 10 de octubre.
En diciembre de 2024, Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la reciente orden de captura responde a una pena de 17 años por concierto para delinquir, luego de comprobarse que utilizó garantías bancarias falsas y se detectaron múltiples irregularidades en la ejecución del contrato de Centros Poblados.
Se estableció que Tapia recibió $6.182 millones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de los cuales destinó $1.118 millones para pagar a empresarios que facilitaron la creación de la unión temporal que obtuvo el contrato de $70.000 millones, mientras que el resto de los recursos fue empleado en gastos personales.
La reciente detención recuerda que el 22 de septiembre, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la jueza de Primera Instancia de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien había concedido la libertad condicional al empresario. Según la Comisión, “Emilio Tapia fue identificado como el principal autor de la maniobra que, mediante la presentación de garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió recibir un anticipo de 70 mil millones de pesos”.
Ese dinero posteriormente “se perdió” y estaba destinado a un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo era conectar a comunidades vulnerables en áreas rurales del país.