Aunque la captura de Emilio José Tapia fue notificada el pasado viernes en una clínica de Barranquilla, 20 días después de que el Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenara su detención, la Comisión de Disciplina Judicial fue alertada sobre posibles nuevas irregularidades en torno al proceso.
Las alertas apuntan al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, cuya titular ya estaba siendo investigada por haber concedido, el 11 de abril, la libertad condicional a Tapia Aldana. El contratista, condenado a 6 años y 4 meses de prisión por su papel en el escándalo de Centros Poblados, obtuvo en ese momento el beneficio que le permitió salir de prisión.
Tapia fue condenado por el desvío de 70 mil millones de pesos provenientes de anticipos del contrato del Ministerio TIC, destinados a llevar conectividad a zonas rurales, utilizando documentos falsificados. Tras varios meses en libertad, finalmente fue recapturado, pero la actuación del juzgado que lo benefició volvió a generar cuestionamientos.
La Comisión de Disciplina Judicial deberá determinar si las más recientes acciones de la funcionaria configuran faltas disciplinarias o si existieron irregularidades en la ejecución de la orden de captura, las cuales habrían permitido que Tapia prolongara indebidamente su libertad pese a la medida judicial vigente.