La Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó que el juez Hugo Junior Carbonó Ariza enfrenta un riesgo extraordinario para su vida y la de su hija, tras múltiples amenazas e intimidaciones relacionadas con su labor judicial.
Según la resolución, el togado ha reportado seguimientos, vehículos sospechosos rondando su residencia y trabajo, así como llamadas de números desconocidos, evidenciando un contexto de peligro persistente que ha encendido las alarmas de las autoridades competentes.
Carbonó, reconocido por llevar procesos de alta connotación, como el caso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha solicitado protección formal ante diversas entidades, incluyendo la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura.
Pese a que la UNP avaló el nivel de riesgo como “extraordinario”, en los hechos aún persisten falencias en la implementación de medidas de seguridad —una situación que ha sido cuestionada por sectores judiciales y de derechos humanos.
Las intimidaciones no se limitan a observaciones físicas, pues el juez reportó que dichos seguimientos han influido sobre su cotidianidad y la de su familia, al punto de impactar la percepción de seguridad en su entorno inmediato.
La medida de la UNP plantea la adopción de mecanismos de protección recomendados, pero hasta el momento su ejecución efectiva sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la comunidad jurídica y medios de comunicación.