El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de Leidy Viviana Mojica Peña como contralora departamental del Atlántico para el periodo 2026-2029, decisión que se originó tras una demanda presentada por el veedor ciudadano y abogado Fernando Rodríguez Bernier.
De acuerdo con la acción judicial, la convocatoria para la elección del jefe del ente de control departamental debía realizarse con una antelación mínima de tres meses a la sesión de elección, requisito que, según el demandante, no se cumplió durante el proceso que culminó con la designación de Mojica Peña.
Mediante auto del 4 de junio de 2026, la Sala del Consejo de Estado revocó la providencia emitida el 9 de abril por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, y ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección. El alto tribunal concluyó que entre la expedición de la convocatoria y la elección de la funcionaria transcurrieron menos de los tres meses establecidos en el artículo 3 de la Resolución 0728 de 2019.
Sin embargo, la decisión ha generado controversia debido a que, según el equipo jurídico de la contralora, ni Mojica Peña ni su defensa habrían sido notificadas formalmente por el Consejo de Estado. Los abogados aseguran que conocieron el fallo a través de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, situación que calificaron como una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa.
“Nos hemos sentido vulnerados en nuestro derecho. El fallo nos llegó por redes sociales, no por los canales formales que exige la ley”, manifestó el equipo jurídico de la funcionaria.
Asimismo, la defensa recordó que el pasado 10 de junio presentó una solicitud de aclaración para que se precisara si la suspensión obedecía únicamente al incumplimiento del artículo 3 de la Resolución 0728 de 2019 o si existían otros fundamentos. No obstante, el Consejo de Estado negó la petición y dejó en firme su decisión, señalando que contra esta no procede ningún recurso ordinario, conforme al numeral 12 del artículo 243A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
La defensa de Leidy Mojica insiste en que debe surtirse la notificación oficial en debida forma antes de que se materialicen los efectos de la decisión adoptada por el alto tribunal.