El Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella por un monto de 634,9 billones de pesos, enfrenta un posible revés en el Congreso de la República debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes.
La controversia gira en torno al artículo 65, que habría recibido una proposición aprobada en la Cámara, pero no en el Senado. Esta diferencia podría constituir un vicio de trámite, debido a que ambas corporaciones deben aprobar el mismo texto para que el proyecto pueda continuar su proceso legislativo.
El secretario general del Senado, Diego González, aseguró que en el enlace oficial que reúne las proposiciones aprobadas por la plenaria no aparece ninguna proposición avalada relacionada con el artículo 65. Según explicó, impartió instrucciones para que la información completa fuera publicada y pudiera ser consultada por la ciudadanía.
González también defendió el procedimiento adelantado por la corporación y afirmó que, después de más de diez horas de debate, se brindaron garantías a las bancadas y se actuó con transparencia y rigor frente a las decisiones adoptadas por la plenaria.
El Senado aprobó el presupuesto durante la noche del lunes, mientras que la Cámara de Representantes hizo lo propio en la madrugada del martes 20 de octubre. Sin embargo, la diferencia entre los documentos habría pasado inadvertida para los delegados del Gobierno y los ministerios de Hacienda y del Interior.
El plazo para aprobar el presupuesto vencía el 20 de octubre, por lo que, según la información conocida, ya no habría margen para convocar una sesión de conciliación que permita unificar los textos. Esta situación deja en entredicho la continuidad del proyecto en el Legislativo.
Si finalmente se confirma que el presupuesto no puede superar el trámite parlamentario, el Gobierno tendría que expedirlo por decreto, de acuerdo con el escenario planteado en la información sobre el caso. La controversia deberá resolverse para determinar el alcance jurídico de las diferencias detectadas y el mecanismo que se aplicará para fijar las cuentas de la Nación para 2027.
