En un acto sin precedentes, el Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad en el asesinato del excandidato presidencial y líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez.
Esta admisión fue hecha durante una audiencia en el 191 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Washington D.C., donde el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, encabezó la declaración oficial.
Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 mientras se encontraba en campaña para la presidencia, apenas un mes después de haber firmado un acuerdo de paz que desmovilizó al M-19, la guerrilla que lideraba.
Su muerte conmocionó al país y dejó abiertas heridas en la historia de Colombia. En su declaración, Palomino admitió que el Estado incurrió en omisiones y fallas que permitieron el crimen, señalando que el reconocimiento busca honrar la memoria de Pizarro y ofrecer justicia a su familia.
María José Pizarro, hija del líder asesinado y actualmente senadora, estuvo presente en la audiencia junto a otros familiares, quienes han exigido durante décadas justicia y una revisión a fondo de los archivos oficiales.