En un hecho que marca un punto de inflexión en uno de los escándalos de corrupción más sonados del actual gobierno, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se convirtió en el primer condenado tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía. La juez encargada del caso avaló la negociación, que incluye una pena de 5 años, 8 meses y 1 día de prisión, además de la devolución de 618 millones de pesos que Pinilla había apropiado indebidamente.
El fallo judicial representa el primer resultado concreto en las investigaciones sobre las irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la gestión de riesgos y atención de emergencias. Pinilla aceptó su responsabilidad en los hechos y decidió colaborar activamente con las autoridades, lo que permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento del entramado de corrupción dentro de la Ungrd.
De acuerdo con la Fiscalía, el preacuerdo otorgó a Pinilla una rebaja del 45% en su condena, gracias a la calidad y efectividad de la información suministrada, que fue clave para obtener pruebas y testimonios sobre la red de corrupción. La decisión de colaborar surgió tras lo que el ente investigador calificó como el “colapso de una pirámide corrupta” al interior de la entidad. Como parte de su reparación, Pinilla pidió perdón y consignó el dinero devuelto en el Banco Agrario.
Durante las audiencias, se reveló que Pinilla hacía parte del círculo cercano del entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y participó activamente en la firma de contratos que hoy son objeto de investigación. Los recursos desviados estaban destinados a atender crisis humanitarias urgentes, como la escasez de agua potable en La Guajira, una de las regiones más afectadas por la pobreza en el país. Esta situación generó un fuerte rechazo social, dada la gravedad del daño causado a comunidades vulnerables.
Actualmente, Pinilla permanece privado de la libertad en una guarnición militar por motivos de seguridad, tras recibir amenazas luego de su colaboración con la justicia. Su testimonio se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones en curso, y la Fiscalía aseguró que continuará identificando y judicializando a otros responsables. Esta primera condena abre una nueva etapa en el proceso judicial, con importantes repercusiones políticas y administrativas para el gobierno y la gestión pública en Colombia.