En el marco del foro “Descentralización Diferencial y el Control de Recursos Públicos”, realizado en la Universidad Católica de Colombia y liderado por la Contraloría General de la República, el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, anunció que el Gobierno nacional radicará en la próxima legislatura un proyecto de Ley de Competencias, como parte de una apuesta por modernizar y fortalecer la descentralización en el país.
Durante su intervención, Berdugo destacó que esta iniciativa busca promover un modelo de descentralización más equitativo, realista y acorde a las condiciones particulares de los territorios, y explicó que el proyecto es fruto de un trabajo articulado entre los ministerios del Interior, Hacienda, Educación, Salud, Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
“Estamos trabajando en un proyecto de Ley de Competencias que recoja las distintas visiones del país. La idea es radicarlo formalmente en la próxima legislatura, como parte de un proceso participativo que permita avanzar hacia un sistema más justo y eficaz de gestión territorial”, señaló el viceministro.
En el panel, Berdugo abordó temas como la diferenciación territorial, las responsabilidades institucionales y la categorización de municipios. Afirmó que no se puede seguir midiendo con los mismos parámetros a municipios de condiciones radicalmente distintas, e hizo énfasis en variables como la densidad rural, la distancia a centros urbanos, el desempeño fiscal e institucional y el índice de pobreza multidimensional, factores que serán incluidos en la propuesta de recategorización del DNP.
“No es comparable un municipio rural con otro más urbano, o uno que esté a 15 minutos de un centro poblado frente a otro a ocho horas de distancia. Estas condiciones deben reflejarse en la planeación, ejecución y financiación de las políticas públicas”, explicó.
El Ministerio del Interior reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la autonomía territorial y la participación, principios clave para consolidar un modelo de gestión pública eficiente y sostenible. La propuesta legislativa busca establecer un marco normativo que rija hasta el año 2038, con espacio para ajustes y valoraciones futuras, de cara a mejorar la equidad en la asignación de competencias y recursos.