La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en su calidad de exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, junto con la tesorera y los auditores de dicha campaña.
Según el ente de control, incurrieron en dos de las diez irregularidades detectadas durante la investigación por violaciones a los topes de financiación y ocultamiento de gastos en la campaña “Petro Presidente” de 2022.
La investigación fue abierta por el CNE el 8 de octubre de 2024 y también incluye cargos contra el presidente Gustavo Petro. No obstante, la Corte Constitucional suspendió temporalmente cualquier efecto sobre el mandatario mientras define si el CNE tiene la competencia para investigarlo, dado su fuero presidencial. Pese a esta pausa, el proceso avanza en su etapa final contra Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus. También se han vinculado al caso los movimientos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Entre los hechos comprobados por la Procuraduría se encuentra la inclusión irregular de una factura de Caracol TV por $356 millones, correspondiente a publicidad de la primera vuelta, en el reporte de gastos de la segunda. Esta maniobra habría llevado a superar el tope de gastos establecido para la primera vuelta, que era de $28.536 millones. Asimismo, se detectó un ocultamiento en el costo real de la celebración del triunfo en primera vuelta en el Movistar Arena, donde se informó un gasto de $150 millones, pero se comprobó que el evento costó realmente $250 millones.
Por estas dos irregularidades, la Procuraduría solicitó al CNE sancionar a los implicados con una multa equivalente al 1 % del valor financiado por el Estado para la campaña en cada vuelta electoral. Además, pidió ordenar la devolución de $154 millones, monto en el que, según el ente, se habrían excedido los topes de financiación permitidos durante la primera vuelta presidencial.
Finalmente, la Procuraduría consideró que no se encontraron méritos para sancionar por otras irregularidades inicialmente planteadas, como pagos a testigos electorales, transporte aéreo o aportes de sindicatos. Sin embargo, advirtió que aún falta que el CNE resuelva los recursos de reposición interpuestos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Ricardo Roa y María Lucy Soto, advirtiendo que su omisión podría comprometer la validez del proceso sancionatorio en curso.