En una contundente medida adoptada para preservar el orden público y garantizar la legalidad en el sector de la vigilancia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de operación de cinco empresas de seguridad privada con sede principal en Barranquilla.
Las compañías afectadas son Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda, quienes operaban en varios departamentos de la Región Caribe, con un despliegue conjunto de 696 agentes, 21 vehículos y 483 armas de fuego.
La decisión se produce tras una serie de operativos de control realizados en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, en los que se identificaron serias irregularidades.
Entre los hallazgos más alarmantes figuran fallos en el control y trazabilidad de armas, vínculos sospechosos entre algunos socios y organizaciones criminales, y la contratación de personal con antecedentes penales.
Asimismo, se evidenciaron graves omisiones administrativas, incluyendo deudas con el Fondo de Vigilancia y la falta de reportes contables desde 2019.
Como parte de la intervención, el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) asumió la custodia de las armas incautadas, mientras que la Policía Metropolitana de Barranquilla habilitó espacios especiales para su resguardo.
Estas acciones buscan impedir el uso indebido del armamento mientras se resuelve la situación jurídica de las compañías.
La Procuraduría General de la Nación también acompañó el proceso, velando por el respeto a las garantías legales.
La superintendente Yenniffer Parra Moscoso destacó que esta intervención es un paso firme para evitar que el sector de la seguridad privada sea infiltrado por intereses criminales. “Estas acciones buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar que el sector de la vigilancia privada no sea instrumentalizado por el crimen organizado”, afirmó.
Las investigaciones continúan, y no se descarta que se tomen nuevas medidas en otras regiones del país.