Una Reforma Laboral Inclusiva

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Por: Ronald Valdes Padilla.

La entrada en vigencia de la Ley 22466 “Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”, además de devolver conquistas laborales mutiladas por la Ley 789 de 2002 e impulsar la dignificación de las relaciones laborales, marca un hito histórico al ponerse a tono con la diversidad étnica-cultural ydisposiciones del Convenio 169 de la OIT tal como lo establece el artículo 40:

“ARTICULO 40°. Participación para el trabajo decente en comunidades étnicas. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, los Ministerios de Trabajo e Interior propiciarán las espacios de participación que permitan construir el instrumento normative para determinar las tipos de protección, las modalidades y las condiciones para la garantía del trabajo decente y digno de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales y Rrom, conforme a su cosmovisión, uses y costumbres, en concordancia con la Ley 21 de 1991 y en respeto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.” (El subrayado fuera de texto).

El Convenio 169 de la OIT adoptado mediante la Ley 21 de 1991 obliga al Estado a garantizar a los trabajadores pertenecientes a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Indígenas y Rrom una protección efectiva en lo referente a contratación, condiciones de empleo e impedir cualquier practica de discriminación:

“ARTICULO 20”

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

a). Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

b). Remuneración igual por trabajo de igual valor;

c). Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

d). Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derechos a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

a). Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

b). Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

c). Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no están sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

d). Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.”

En aras de evitar que esta Acción Afirmativa termine siendo prosa escrita, el artículo 40 de la Ley otorga un termino de doce (12) meses “para generar los espacios de participación que permitan construir el instrumento normativo para determinar los tipos de protección, las modalidades y las condiciones para la garantía del trabajo decente y digno…”, lo que implica en la practica la activación del artículo 6 del Convenio 169 al tratarse de una medida administrativa de alcance general:

“ARTICULO 6°

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b). Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c). Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Así las cosas, en el caso de nuestras comunidades y conformidad con la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1372 de 2018, los Ministerios de Trabajo e Interior tienen la obligación de convocar tanto a la Comisión Consultiva para emita las recomendaciones y al Espacio Nacional de Consulta Previa para desarrollar el proceso de consulta previa a la iniciativa normativa para dar cumplimiento al artículo 40 de la Reforma Laboral.

La consulta previa es un derecho fundamental que implica dialogo intercultural para salvaguardar el mínimo de derechos y garantías para los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en cumplimiento del Convenio 169 que hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo que se espera que no haya mayores traumatismos, cortapisas o leguleyadas al momento de iniciar la cancelación de esta deuda histórica.

Periodista de Política en Acción.

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