En un país como Colombia, donde cada día amanecemos con noticias de corrupción, ineficiencia y abandono estatal, hablar de salud no puede seguir siendo un tema reservado para los discursos de campaña o los debates técnicos. La salud es un derecho, no un privilegio. Pero hoy, en muchos rincones del país, sanarse se ha vuelto un lujo que pocos pueden pagar.
Detrás de cada cita médica que tarda meses, de cada hospital que se cae a pedazos o de cada familia que debe endeudarse para comprar una medicina básica, hay una realidad dolorosa: el sistema de salud está siendo secuestrado por la corrupción y la politiquería.
No se trata de culpar a un solo gobierno o a una sola reforma. Se trata de reconocer que, durante años, hemos permitido que la salud de los colombianos se vuelva un negocio para unos pocos y un sufrimiento para la mayoría.
Desde mi rol ciudadano, y como alguien que ha recorrido los territorios escuchando a la gente, puedo decir con certeza que la crisis de la salud no solo está en los números: está en la vida de quienes no reciben atención oportuna, en el miedo de los adultos mayores a no conseguir sus medicamentos y en la desesperación de una madre que no encuentra pediatra para su hijo.
La solución no es mágica, pero sí posible. El primer paso es vigilar con firmeza el uso de los recursos públicos, cortar de raíz la corrupción que carcome hospitales, EPS y contratos, y, sobre todo, fortalecer el sistema con enfoque humano, territorial y preventivo.
Hablemos claro: ningún país puede llamarse justo si no garantiza salud digna a sus ciudadanos. Sanarse en Colombia no debe seguir siendo un lujo. Es hora de que sea, como lo dicta la Constitución, un derecho real, vivo y efectivo para todos.
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