Opinión| “Un juicio que aún no dice la última palabra”

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Por: Andrés León Cabarcas

Colombia fue testigo este viernes, primero de agosto, de un hecho sin precedentes: la jueza Luz Marina Zamora condenó penalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Un fallo histórico que lo halló culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Pero más allá del impacto simbólico, del ruido mediático y del inevitable cruce de posturas, lo cierto es que el proceso aún no ha terminado. Ni legal ni políticamente.

Lo de hoy fue un fallo de primera instancia, dentro de un caso que se refiere exclusivamente a la forma en que, presuntamente, su defensa habría contactado a testigos para modificar versiones judiciales en su favor.

No es una condena por sus años como presidente, ni por decisiones de gobierno, ni por temas asociados a falsos positivos o vínculos con grupos armados. Es un caso técnico, específico y en curso.

Uribe, vale recordarlo, había denunciado en 2014 al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero la Corte Suprema, tras revisar los hechos, archivó la denuncia contra Cepeda e inició una investigación contra el propio Uribe. Años después y tras su renuncia al Senado en 2020, el caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General. Esa decisión no fue menor: implicó que el expresidente dejara de estar cobijado por la jurisdicción especial de aforados (como senadores y magistrados) y que su caso se trasladara al sistema penal ordinario, es decir, al mismo esquema judicial que rige para cualquier ciudadano.

Desde entonces, el proceso ha atravesado recusaciones, solicitudes de preclusión fallidas, múltiples etapas procesales y, ahora, una condena. Casi trece años después de la denuncia original, y siete desde que se abrió formalmente la investigación, el expediente sigue abierto.

Pese a la sentencia, la presunción de inocencia se mantiene. Así lo establece la ley. Así lo ha dicho la defensa. Y así debe entenderse este momento procesal.

La condena aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, es decir, un segundo juez que revisa si la decisión inicial tuvo errores, excesos o falencias en la valoración de las pruebas. Y si esa segunda instancia ratifica la condena, cabe un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que no revisa los hechos ni las pruebas, sino si el proceso se apegó estrictamente al derecho. En otras palabras, si las reglas del juicio fueron respetadas.

Se proyecta que en octubre se cumpla el plazo máximo para que el caso tenga resolución definitiva. Si no ocurre, podría entrar en juego la figura de preclusión por vencimiento de términos. Se trata de un mecanismo que permite archivar un caso cuando se ha demorado más de lo legalmente permitido sin que exista una decisión definitiva. No significa absolución, pero sí la imposibilidad de seguir juzgando al acusado por ese mismo hecho.

No es un hecho, pero tampoco una posibilidad menor en un sistema donde la justicia camina con relojes complejos y caminos largos.

¡Así está la jugada!

Las Noticias Col

Periodista de Política en Acción.

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