La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico decidió abrir una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, uno de los nombres más sonados del escándalo de Centros Poblados.
Tapia había sido condenado a 6 años y 4 meses de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, pero la Procuraduría no estuvo de acuerdo con la decisión de la juez y la apeló. Según el Ministerio Público, no se cumplieron los requisitos legales para darle ese beneficio, citando varios artículos del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que además obliga a que las entidades públicas afectadas por delitos de corrupción se constituyan como parte civil en los procesos.
La Comisión explicó que en mayo ya se había abierto una indagación preliminar y que, tras revisar la información, este 17 de septiembre se decidió pasar a una investigación formal. No solo se cuestiona la libertad condicional, sino también una posible demora de la juez en resolver la apelación presentada por la Procuraduría.
Cabe recordar que Emilio Tapia es señalado como el “cerebro” de la jugada en la que se presentaron garantías bancarias falsas para que la Unión Temporal Centros Poblados recibiera un anticipo de 70 mil millones de pesos. Ese dinero, que debía destinarse a llevar internet a zonas rurales vulnerables del país, terminó desapareciendo.
Hasta hace unos meses, Tapia estaba recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, pero gracias a la decisión de la juez, salió en libertad condicional.