La Presidencia de la República publicó una resolución mediante la cual otorga a 14 exparamilitares la categoría de gestores de paz, con el propósito de que contribuyan a reconstruir el tejido social, reparen a las víctimas, cuenten la verdad y colaboren en la construcción de una verdad judicial.
El cumplimiento de la resolución estará a cargo del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). “Todo esto lo va a manejar el Mininterior con la secretaría del Dapre. Vamos a ser la secretaría técnica para que todo esto se conozca y se sepa. Que el país conozca cuáles eran los vínculos de los paramilitares con el Estado y con otros actores”, explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El jefe de la cartera política agregó que “esta nueva resolución busca que los actores que estuvieron en el conflicto sean gestores de paz y que ayuden a reconstruir el tejido social, que reparen, digan la verdad y que construyan una verdad judicial. Hay sectores que se preocuparán y asustarán, pero quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad”.
El documento señala que el reconocimiento como gestores de paz no modifica la situación jurídica de los beneficiarios, ni las medidas de aseguramiento vigentes o su régimen de libertad, ni implica beneficios judiciales. Además, precisa que los compromisos tendrán carácter estrictamente administrativo y voluntario.
La vigencia de la resolución será hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro.
Entre los exparamilitares beneficiados se encuentran: Héctor José Buitrago Rodríguez, Ramiro Vanoy Murillo, Hernán Giraldo Serna, Luis Eduardo Cifuentes Galindo, Manuel de Jesús Pirabán, Juan Francisco Prada Márquez y José Baldomero Linares Moreno.
También fueron designados Edward Cobos Téllez, Arnubio Triana Mahecha, Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar Pupo, Rodrigo Pérez Álzate, Fredy Rendón Herrera y Héctor Germán Buitrago Parada.
Los beneficiarios deberán suscribir un acta de compromiso en la que se establezcan actividades particulares de reparación a las víctimas, el responsable de su cumplimiento y los indicadores de medición respectivos.