El contratista Emilio Tapia, uno de los nombres más asociados a los grandes escándalos de corrupción del país por su papel en el carrusel de contratos de Bogotá y el caso Centros Poblados, volvió a quedar en libertad por orden de la juez primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.
La decisión se conoció este lunes y tiene un antecedente directo: la misma juez ya había ordenado la libertad de Tapia el pasado 11 de abril, una determinación que en su momento desató cuestionamientos en distintos sectores del ámbito judicial y político.
Tapia fue condenado por delitos relacionados con corrupción administrativa, fraude y apropiación de recursos públicos, y se convirtió en un símbolo de las redes que durante años capturaron la contratación estatal. Su nombre reapareció con fuerza tras el escándalo del contrato de conectividad rural adjudicado por el Ministerio de las TIC, que terminó en uno de los episodios más graves de corrupción reciente.
La polémica se agrava porque la juez Claribel Onisa Fernández Castellón tiene dos investigaciones disciplinarias en curso por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones, algunas de ellas señaladas de haber favorecido a procesados de alto perfil, entre ellos el propio Emilio Tapia.
La nueva salida en libertad del contratista reaviva el debate sobre la solidez de las condenas por corrupción en Colombia y sobre el mensaje que envía la justicia a la ciudadanía cuando figuras emblemáticas del saqueo al Estado recuperan rápidamente su libertad.