El Gobierno nacional decidió suspender el traslado a Barranquilla de Jorge Díaz, alias Castor, cabecilla de la estructura criminal Los Costeños; de Digno Palomino, jefe de Los Pepes; y de Ober Ricardo Martínez, alias el Negro Ober, de los Rastrojos Costeños. La determinación se tomó luego del fuerte cruce público entre la administración distrital y el Ministerio de Justicia por los riesgos que implicaría la medida en materia de seguridad y control carcelario.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuestionó la decisión inicial del Ejecutivo y advirtió que las cárceles del Atlántico no cuentan con las condiciones necesarias para albergar a criminales de alto perfil. Además, señaló que el traslado desconoce el sufrimiento de las víctimas de la extorsión y la violencia que han afectado a la ciudad en los últimos años.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, respondió que los traslados no representan “premios” para los delincuentes y defendió la estrategia como parte de una política para contener la crisis de violencia. Indicó que, según cifras oficiales, los diálogos con estas estructuras permitieron reducir los homicidios en un 57 % y la extorsión en un 84 % hacia finales de 2025.
Idárraga también sostuvo que Barranquilla llegó a altos niveles de criminalidad tras años de deterioro en seguridad, recordando que en 2024 se registraron 487 homicidios y que la extorsión aumentó un 458 % entre 2021 y 2023. Asimismo, cuestionó el manejo de los recursos provenientes del impuesto a la seguridad en el Atlántico.
Finalmente, el ministro anunció que el traslado de los cabecillas queda suspendido mientras se construye una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales, con el objetivo de garantizar vigilancia estricta y control permanente. El Gobierno aseguró que cualquier decisión futura priorizará la seguridad y la confianza de la ciudadanía barranquillera.