Fiscalía imputará al director de la UNP por presuntas omisiones en seguridad en el caso Miguel Uribe Turbay

Augusto Rodríguez será llamado a responder por el magnicidio del precandidato del Centro Democrático, convirtiéndose en el primer alto funcionario del Gobierno Petro procesado por este crimen.

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas omisiones en los esquemas de seguridad relacionados con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio del año pasado.

El llamado a imputación marca un hito en la investigación, ya que Rodríguez hace parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que lo convertiría en la primera autoridad en ejercicio procesada penalmente por el magnicidio del dirigente del Centro Democrático.

Según las indagaciones del ente acusador, existirían fallas graves en la evaluación del riesgo y en la asignación de medidas de protección al entonces precandidato, pese a que se encontraba en una etapa de alta exposición política. Estas presuntas irregularidades habrían incidido en las condiciones que permitieron el ataque mortal.

Las deficiencias en la protección a líderes políticos han sido uno de los principales cuestionamientos a la gestión de Rodríguez al frente de la UNP. Desde su nombramiento, distintos sectores han advertido sobre debilidades estructurales en los esquemas de seguridad, especialmente para candidatos y figuras de oposición.

Rodríguez, exintegrante del M-19 y considerado cercano al presidente Petro, ha defendido en varias ocasiones la actuación de la entidad, asegurando que los protocolos se aplican conforme a los estudios técnicos. No obstante, tras el asesinato de Uribe Turbay, se abrió una fuerte polémica nacional sobre si el nivel de protección otorgado fue insuficiente o tardío.

La imputación de cargos no implica una condena, pero sí abre la puerta a un proceso judicial que podría tener profundas repercusiones políticas e institucionales, en medio de un clima de preocupación por la seguridad de los actores políticos en Colombia.

La Fiscalía no ha precisado aún la fecha exacta de la audiencia, pero confirmó que continuará avanzando en la investigación para establecer responsabilidades penales y administrativas en uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años.

Periodista de Política en Acción.

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