La Fiscalía General de la Nación descartó la posibilidad de resolver mediante justicia restaurativa el proceso relacionado con el polígrafo practicado a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y ahora prepara una imputación formal contra la exfuncionaria.
Según la información conocida, Sarabia sería investigada por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, en relación con el procedimiento realizado en enero de 2023 en la Casa Galán, edificio utilizado por organismos de inteligencia.
El caso dio un nuevo giro luego de que el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón aceptara colaborar con la Fiscalía y declarara que Sarabia habría dado la instrucción para que Meza fuera sometida al polígrafo. El oficial habría señalado que recibió la orden después de que la entonces funcionaria conociera la desaparición de dinero de su vivienda.
A este elemento se sumó la solicitud de Fabiola Perea, exempleada de Sarabia, quien pidió ser reconocida como víctima dentro del proceso. Perea sostiene que agentes de la Policía llegaron a su vivienda sin orden judicial, tomaron fotografías y recopilaron información relacionada con ella y sus familiares, hechos que, según su defensa, habrían afectado su derecho a la intimidad.
La Fiscalía había explorado durante varios meses un mecanismo de justicia restaurativa que contemplaba una reparación económica y simbólica para Marelbys Meza. Sin embargo, la aparición de estos nuevos elementos llevó al ente acusador a desistir de esa alternativa y avanzar hacia la imputación.
El episodio ocurrió el 30 de enero de 2023, cuando Meza fue trasladada a la Casa Galán para realizarle una prueba de polígrafo, luego de la desaparición de dinero y otros elementos del apartamento de Sarabia.
En su momento, Laura Sarabia negó haber ordenado directamente el procedimiento y sostuvo que las decisiones de esa naturaleza correspondían a su esquema de seguridad. Esa versión será confrontada ahora con el testimonio del capitán Mojica.
La defensa de la exfuncionaria, encabezada por el abogado Mario Iguarán, ha manifestado su disposición para responder ante las autoridades y entregar las explicaciones que sean requeridas.
Con el cambio de rumbo de la investigación, Sarabia podría enfrentar un proceso penal que eventualmente llegaría a juicio, aunque su defensa también tendría la posibilidad de explorar otras salidas jurídicas, como un preacuerdo, en caso de que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.